Admitidas a trámite las demandas de Balañá y Matilla por la prohibición taurina
El Govern de Cataluña dice que son «susceptibles de recibir indemnización»
Día 25/07/2012 - 20.28h
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El Govern de la Generalitat ha admitido a trámite 2 de las 28 demandas que han presentado sectores taurinos para pedir una compensación por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, que entró en vigor en enero de este año, han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Economía.
Se trata de los recursos de la empresa Balañá, propietaria del coso de La Monumental de Barcelona -el único que permanecía operativo en Cataluña-, y de Funciones Taurinas, conocida popularmente como Casa Matilla, los encargados de organizar el cartel, tal y como publica este miércoles El Periódico.
De este modo, el Govern ha descartado hasta 26 peticiones, correspondientes a toreros que alegaban que no podrían volver a torear en la Monumental, organizaciones y empresas de transporte de ganado y de publicidad, entre otras.
Así, Balañá y Funciones Taurinas «son susceptibles de recibir una compensación» económica, ha señalado Economía, que en todo caso ha precisado que no quiere decir que la reciban, puesto que el expediente administrativo que se tramite podría concluir que no ha lugar. «Tenemos que estudiar bien si pueden recibir indemnización o no», han señalado las mismas fuentes, que han explicado que han solicitado documentación adicional para poder tomar la decisión en las próximas semanas, un proceso para el que no existe un plazo concreto.
El Govern ya admitió a mediados de junio que había iniciado las negociaciones para fijar la posible compensación, y que una eventual indemnización, tal y como fija la ley, se trasladaría a partir del presupuesto de 2013 o a lo que se derive del expediente de indemnización tramitado.
No se especifica cantidad
Ninguna de las dos partes ha especificado hasta el momento qué cantidad considerarían adecuada, aunque portavoces de CiU han augurado que las indemnizaciones se situarán en miles de euros, frente a un estudio patrocinado por el sector taurino que eleva la cantidad a entre 300 y 500 millones de euros.
Paralelamente, entidades taurinas han presentado más de medio millón de firmas en el Congreso de los Diputados para tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) en favor de que estos festejos sean declarados bien de interés cultural, mientras que el PP ha llevado al Tribunal Constitucional (TC) la prohibición catalana para determinar su legalidad.
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